Candidatos municipales, parlamentarios que buscan un nuevo destino electoral e incluso quienes aspiran a la Presidencia ya iniciaron campañas en terreno, recaudaciones de fondos y otros despliegues promocionales que dejan en evidencia un punto ciego en las normas aprobadas recientemente en el Congreso: el periodo antes de que inicie el plazo legal de campañas sigue en tierra de nadie.
Francisca Miranda 31 de enero del 2016 / 01:25 Hrs
Aunque en el PPD atribuyen la abrupta suspensión del evento a la baja concurrencia por vacaciones -la cena se reagendó para marzo- la actividad en favor de la ex ministra de Salud puso el foco en las incipientes precampañas que ya se activaron a meses de iniciarse el periodo legal de éstas.
Los cuestionamientos a esta práctica no son nuevos. La polémica por las denominadas “precampañas” -actividades con fines electorales previas al calendario legal fijado por el Servel- tomó relevancia en medio de los escándalos por financiamiento electoral irregular de la política que apuntaron a la propia Presidenta Michelle Bachelet.
Según se ha develado, el ex ministro Rodrigo Peñailillo y el autodenominado operador político Giorgio Martelli administraron a través de la empresa Asesorías y Negocios una serie de recursos destinados a financiar actividades -como el viaje a Nueva York de Peñailillo mientras la actual Mandataria lideraba ONU Mujeres-, así como a los más estrechos colaboradores de lo que más tarde se convertiría en el comando de Bachelet.
En medio de semanas marcadas por la discusión y aprobación de un marco legal que regula el financiamiento de campañas y destina recursos fiscales a los partidos, son varios los personeros que realizan actividades con miras a candidaturas que se oficializarán este año y el próximo.
A dos meses de que inicie el periodo legal de campaña para las primarias municipales, a cuatro meses de la inscripción oficial de candidatos a concejales y alcaldes, a ocho meses de la elección municipal y a más de un año y medio de las futuras elecciones parlamentarias y presidenciales, varios adelantan gestiones en busca de potenciales votantes.
No sólo quienes aspiran a competir por un sillón municipal han aprovechado el verano para organizar eventos y reunir recursos. También son varios los diputados que han asumido sus pretensiones de competir por un cupo senatorial e incluso hay quienes han transparentado su opción por una carrera a La Moneda.
Tal es el caso del senador Manuel José Ossandón (RN), quien apuntó a la visita del ex presidente Sebastián Piñera a la Araucanía: “Hay gente que se levanta y se viste como candidato, pero después dice que no lo son. Bien por el Presidente Piñera que viaje a la Araucanía, eso demuestra que está en campaña, y es bueno que pronto sincere esa decisión”, dijo el senador.
Consultados por Reportajes, personeros de distintos partidos señalan en privado que en materia de precampañas juegan al límite: organizan cenas de recaudación con depósitos en cuentas de amigos, aseguran sitios de propaganda en la web e invitan a actividades promocionales, todo en un terreno que aun bajo las nuevas normas aprobadas por el Congreso, carece de fiscalización.
Aunque en la legislación aprobada esta semana -y que debiera ser promulgada en marzo tras la aprobación del Tribunal Constitucional- existen nuevas normas que regularán las próximas campañas (ver recuadro), aún quedan vacíos legales.
La nueva ley estipula un período de campaña -en el caso de candidaturas presidenciales- de entre 90 y 200 días corridos anteriores a la elección, lapso en el que se autoriza a los postulantes a percibir aportes y efectuar gastos electorales.
Antes de ello -se entiende- no están permitidas las actividades electorales.
En otras elecciones -municipales y parlamentarias, por ejemplo- se mantuvo el periodo de 60 días antes de la votación para la fiscalización de gastos.
“Desde el día uno de la instalación de un gobierno alguien puede comenzar a buscar plata. Ni la ley actual ni la ley recién aprobada incorpora una regulación al periodo anterior al plazo legal y lo único que se podría regular son las cenas de recaudación de fondos y apariciones públicas con avisos explícitos o de posicionamiento para un cargo”, dijo Claudio Fuentes, miembro de la Comisión Engel, quien además advirtió que “si alguien va a una charla o se reúne con gente, es muy difícil de regular y el problema es cuando todo sucede en un periodo muy anterior. Es un vacío que perdura, que está ahí y que es muy dificil controlarlo y legislar porque ¿qué considera una precampaña?”.
Candidatos al límite
Dos gigantografías en el camino de La Pirámide -ruta que divide las comunas de Vitacura y Huechuraba- y una enorme pancarta en la salida del túnel Lo Prado en la Ruta 68 llamaron la atención de quienes dejaron Santiago en los últimos días.
Los afiches con la imagen del ex jefe de gabinete del senador Andrés Allamand y concejal de Las Condes, el abogado Tomás Fuentes (ex RN), evidenciando su interés en competir en octubre a Raúl Torrealba por la alcaldía de Vitacura generaron diversos reclamos.
“Puse tres gigantografías, iba a poner cuatro y las de Huechuraba las sacaron. La de Curacaví la mandé a sacar yo, porque en virtud de que algunos dijeron por redes sociales de por qué adelantar la campaña, dije ‘ningún problema’, ya cumplí mi objetivo: que la vieran para el Año Nuevo y la vio la cantidad de gente que la tuvo que ver”, explicó Fuentes a Reportajes.
El ya proclamado candidato adelanta que en marzo espera repartir volantes y justifica sus gastos -al igual que varios de los precandidatos consultados- con el uso de fondos propios junto a aportes de conocidos y la solicitud de un crédito de consumo. “He repartido en la comuna 20 mil papeles a $ 4 cada uno más la inscripción de voluntarios. A algunos les pago $ 10 mil el día. Son como $ 3 millones 600 mil en esta primera etapa”, comenta.
Durante la última semana varios candidatos a primarias municipales, tanto de la Nueva Mayoría como de Chile Vamos, dieron inicio a actividades en terreno.
El martes 26 -a un mes del plazo fijado en la Nueva Mayoría para terminar las negociaciones por candidaturas municipales- Pía Castelli (PPD) realizó un acto de proclamación en La Florida para oficializar su intención de competir en octubre. Lo mismo hizo su compañera de partido Helia Molina, en el restaurante Las Lanzas de Ñuñoa, algunos días antes.
Casos como éste son varios. Entre otros, el concejal de La Florida Marco Espinoza (DC) ha repartido calendarios, en Puente Alto voluntarios de la campaña de la ex ministra Soledad Barría (PS) organizaron actividades para reunir financiamiento para la campaña y son varios los consejeros regionales y concejales que han sincerado su ambición por liderar la alcaldía de su comuna.
En Santiago, Carolina Lavín (UDI) y Felipe Alessandri (RN), quienes esperan competir en octubre con la actual alcaldesa Carolina Tohá, han potenciado sus actividades públicas.
Respecto del financiamiento de las actividades de precampaña, candidatos de diversos sectores señalan que esperan a que en marzo sea promulgada la ley de partidos políticos. Las expectativas son altas, ya que las colectividades -que recibirán fondos de un pozo de más de $ 6 mil millones del Estado- podrían contar a partir de abril con recursos públicos para derivar a sus candidatos.
“Las primarias se supone que van a ser legales. Ahí uno tiene recursos que van a ser proporcionados por la nueva ley. Ahora son recursos propios no más. No son millonarios ni mucho menos. Voy a hacer muchas cosas con gente voluntaria. Hoy en día sacar un pendón no es tan caro y lo otro es pura calle”, dijo la precandidata en La Florida Pia Castelli.
La nueva normativa ha puesto un desafío a los partidos y los propios candidatos, quienes han debido estudiar las renovadas exigencias y estándares.
En el caso de la UDI, el secretario general Guillermo Ramírez ha viajado junto al ex ministro Joaquín Lavín para realizar talleres a los candidatos municipales en las regiones del Maule, Bío Bío y la Araucanía. Algo similar han organizado dirigentes de RN en su sede de Santiago para explicar a sus correligionarios los alcances de la nueva ley.
Los partidos de la Nueva Mayoría, en tanto, como el PS y la DC -cuyo secretario general Gonzalo Duarte viajó hasta Valdivia durante este fin de semana para reunirse con algunos candidatos- también afirman que han organizado talleres para sus candidatos con el fin de explicar la nueva norma electoral.
“Uno de los módulos de la capacitación que va a llevar a cabo el Instituto Igualdad son las modificaciones en materia de la ley de partidos políticos y la ley de fortalecimiento de la democracia. Eso parte en marzo”, comentó Pablo Velozo, secretario general del PS.
“Cada candidato busca sus recursos. Tenemos $ 15 millones mensuales en el partido y $ 12 millones son gastados en sueldos. La posibilidad de financiar una campaña es ninguna. Por eso todos terminan cuestionados por financiamiento irregular, ya que el que tiene más amigos y con más plata tiene más campaña y más posibilidades”, dijo el vicepresidente del PPD, Gonzalo Navarrete, partido que recibirá finaciamiento público por más de $ 660 millones anuales a contar de abril.
Los gastos con miras a 2017
Una de las alternativas más recurrentes para lo que los expertos establecen como precampaña es el uso de las redes sociales para posicionar una candidatura.
“Hemos ocupado harto las redes sociales, que son gratis. No tengo ningún financiamiento extra ni nada para hacer campaña. Esto se hace con los medios que tengo yo, con mucho ingenio, con trabajo y muchas redes sociales”, dijo el senador Manuel José Ossandón (RN) respecto del financiamiento de sus actividades en una carrera presidencial que ya ha sincerado.
Al igual que Ossandón, son varios los que han manifestado sus intenciones de competir como candidato presidencial el próximo año. Es el caso del senador Alberto Espina (RN), quien declaró su intención de postular como candidato presidencial en elecciones internas mientras otros nombres del Congreso, si bien no han confirmado su opción, también son reconocidos como posibles cartas a la Presidencia.
De hecho, ya es posible constatar el registro de dominios en Internet como “espina2017.cl”, “ossandonpresidente.cl”, “walkerpresidente.cl”, “kast2018.cl” o “tarud2018.cl”, donde muchos de esos sitios han sido inscritos por sus colaboradores más cercanos.
Si bien la mayoría de los parlamentarios comenta que utilizan recursos propios para el posicionamiento previo para las próximas elecciones, aún hay dudas del uso de fondos o destino de gastos o funciones de asesores, por ejemplo, en el caso de las asignaciones parlamentarias.
“Hace cuatro o cinco meses que estamos haciendo un plan de gira donde trabajamos una temática, que en nuestro caso es seguridad ciudadana. En ninguna de estas actividades generamos un gasto que pueda considerarse como gasto de campaña. Por ejemplo, tenemos un folleto, un díptico de las 12 medidas para mejorar la seguridad que se puede bajar de la web e imprimir”, explicó el asesor de Espina, Cristián Barra, quien además señala que en las actividades organizadas a lo largo de Chile, los mismos asistentes pagan su consumo o se consiguen sedes que gestionan dirigentes locales de RN.
Las investigaciones por financiamiento irregular han afectado las prácticas de los parlamentarios, por lo que varios han tomado resguardos para evitar cuestionamientos.
“Mis viajes los pago yo”, afirma el diputado UDI por La Florida, Gustavo Hasbún, quien registra más de 20 viajes a Temuco desde marzo de 2014 y que -se- gún él mismo reconoce- ya fijó residencia estable en Villarrica. El parlamentario, que ha sincerado su intención de ser candidato a senador por esa circunscripción en 2017, asegura que su aspiración electoral es financiada con fondos propios.
Al igual que Hasbún son varios los parlamentarios que han explorado apostar por un cupo senatorial en las próximas elecciones, por lo que -según el portal de Transparencia de la Cámara- muchos registran reiterados viajes a zonas fuera de su distrito. Tal es el caso de la diputada Marcela Sabat (RN) y el diputado Gabriel Silber (DC), quienes aparecen con pasajes a Arica, zona que coinciden con sus aspiraciones de posicionamiento en regiones fuera del distrito por el que fueron electos, y del diputado Cristián Monckeberg (RN) a Puerto Montt y el norte, Iquique y Copiapó.
A juicio de la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, la posibilidad de intervencionismo electoral para quienes ostentan cargos públicos y el uso de asignaciones parlamentarias no fue un tema revisado en las leyes recientemente aprobadas por el Congreso y es el tema de la precampaña uno de los aspectos en los que acusa necesidad de mayor regulación.“Me preocupa el tema de la precampaña, creo que se debería haber aplicado para todos los candidatos, no sólo para los presidentes, porque es poco real y en el fondo es difícil que alguien no haga campaña antes de los 60 días. Es destacable el rol de la ciudadanía activa en esto y no depender sólo si el Servel fiscaliza o no. Por ejemplo, cuando se hace campaña antes de plazo”, dijo Jaraquemada.
Con todo, será el Servicio Electoral -que en las futuras elecciones contará con mayores atribuciones y autonomía en la fiscalización- el que estará a cargo de supervisar posibles vulneraciones a la nueva forma en la rendición y financiamiento de campañas. El presidente del organismo, Patricio Santamaría, advierte -sin embargo- uno de los riesgos: “La nueva legislación es un avance en la regulación de las campañas, pero creo que la gran ‘deuda’ tiene que ver con la concepción de ellas y con no haber profundizado un cambio de eje desde el marketing hacia campañas donde lo relevante fueran las ideas y propuestas y se alentaran más los debates. Ello llevaría a campañas no tan caras y generaría nuevas prácticas”.
