La trama de Caval vuelve al origen
Este viernes, la investigación de la Fiscalía Regional de O?Higgins tuvo su hito más importante con la formalización de 13 personas, incluida Natalia Compagnon. La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet quedó con firma mensual y arraigo nacional. A casi un año del destape de la millonaria operación por el terreno de Machalí, repasamos detalles desconocidos de cómo se inició la crisis que mantiene en vilo al Gobierno.
Francisco Siredey E. 31 de enero del 2016 / 01:25 Hrs
Curiosamente, pese a ser el objeto de la mayoría de las maniobras y operaciones que la Fiscalía Regional de O’Higgins se encargó de enumerar durante la audiencia, ninguno de los formalizados mantiene relación alguna con la propiedad.
Su nuevo dueño, Hugo Silva, ha recibido varias ofertas por las cuatro hectáreas de suelo urbano, pero las ha rechazado. Ya tiene decidido el destino del paño. Para aquella franja adyacente a la carretera tiene pensado una suerte de cruza entre stripcenter y el Pueblo Los Dominicos, de Las Condes. En principio, tendrá un servicentro, un supermercado y diversos establecimientos tipo outlet, algo muy distinto del proyecto de un hotel y un mall que Caval les proponía a sus potenciales inversionistas.
El futuro de las 40 hectáreas restantes todavía depende de un eventual cambio de uso de suelo, lo que implica, a su vez, un nuevo Plan Regulador Intercomunal de la región. La consultora Habiterra, que se adjudicó la licitación por $ 79.200.000, aún debe entregar el informe que servirá de referencia para cualquier modificación. A prácticamente un año de que se conociera el negocio de la empresa de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, esa porción de terreno pareciera ser lo único que no ha cambiado.
Los archivos del informante
Tuvieron que pasar seis meses desde que la revista Qué Pasa publicara el artículo titulado “Un negocio Caval”, para que el equipo investigador liderado por el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, pudiera acceder a toda la información que Sergio Bustos almacenaba en el computador de su casa en Chillán. En una carpeta llamada “Machalí”, compuesta de 21 subcarpetas, estaba prácticamente toda la información sobre Caval, incluidas sus boletas, balances, certificados de propiedades, escrituras, currículums de sus socios, e incluso el detalle de todas sus declaraciones de impuestos desde su constitución como sociedad en 2012.
Fue Bustos, como ex asesor de la empresa, quien demandó a Caval por una supuesta deuda de casi $ 200 millones. En su afán por cobrar ese dinero, Bustos colaboró para dar a conocer toda la operación. Un correo enviado la noche del 19 de enero de 2015, semanas antes del estallido del caso, así lo demuestra: “Tengo valiosa información de mal uso de FUT y otros sobre una persona que trabaja cercana a la Presidenta (...) Si es de su interés, le agradecería...”.
El ex empleado de Caval reveló que esta empresa había comprado tres predios en Machalí en el marco del convenio judicial preventivo de la sociedad Wiesner S.A., un proceso encabezado por el síndico Herman Chadwick. Luego, explicó que el negocio fue posible gracias a que la empresa de Natalia Compagnon había obtenido un crédito de $ 6.500 millones del Banco de Chile, tras una reunión con el vicepresidente de la entidad financiera, Andrónico Luksic. A esta cita, ocurrida en plena campaña presidencial de 2013, había asistido el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
El reportaje salió en la edición del viernes 6 de febrero y generó una reacción instantánea en La Moneda, que por esos días estaba a cargo del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Dávalos se vio obligado a renunciar a su cargo de director sociocultural de la Presidencia exactamente siete días después de que se conociera la trama de Machalí. Su madre recién daría su impresión tras regresar de sus vacaciones en Caburgua. “Me enteré por la prensa”, explicó.
En las semanas posteriores, Bustos siguió alimentando a los medios a través de una serie de documentos confidenciales que había recolectado durante el año y cinco meses que trabajó informalmente para Caval. En principio, se trataba principalmente de folletos explicativos del giro de la empresa y de correos electrónicos que probaban sus gestiones para conseguir la reunión con Luksic, pero luego fueron promesas de compraventa, tasaciones de terreno y conversaciones por Whatsapp.
Dos días después de la publicación del artículo, uno de los abogados de Caval y cercano a Bustos, Andrés Levine, se acercó para buscar un acuerdo. Ambos se reunieron en el restorán Los Ganaderos, en Talca. Según el ex asesor, allí le ofrecieron $ 160 millones a cambio de retirar su demanda laboral y guardar silencio. Durante las tratativas, los representantes de Caval le pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad y lo instaron a pedirle a Qué Pasa destruir todo el material entregado. La negociación fracasó después de 12 días por diferencias en los plazos del pago. En paralelo, Bustos fue contactado por parlamentarios de derecha que estaban en busca de información y también dio la primera de sus tres declaraciones al fiscal Toledo. “Allí veremos quién miente”, escribió Bustos en un registro de sus conversaciones.
Distintos medios siguieron publicando nuevos correos con incómodas alusiones a la intervención de una figura femenina como “la señora” o “mami”. Por ese entonces, las comunicaciones de Mauricio Valero ya estaban interceptadas por el OS-9. De acuerdo a la transcripción correspondiente al 31 de marzo, a las 20.59, el socio de Compagnon se quejó de estas nuevas filtraciones con uno de sus asesores legales.
-Cuando se habla de la señora, es la señora de Sebastián -dice Valero.
-Esto lo pasó Bustos -responde el abogado.
-Naturalmente, si este señor se está encargando de mandar cosas y cosas.
-Bustos está en una desesperación por ensuciar la imagen nomás. Yo haría lo que te dije el otro día, medio en serio, medio en broma. Yo haría el contacto con la Asociación de Detenidos Desaparecidos por el asunto de Bustos como torturador, viejo.
El 8 de agosto de 2015, justo dos días después de que el fiscal Toledo recibió el informe del OS-9 con el contenido del computador de Bustos, este último fue procesado por el ministro Claudio Arias, de la Corte de Apelaciones de Chillán, para indagar su participación en el asesinato de tres miristas en la comuna de San Carlos. Actualmente, Bustos está enfocado en su defensa y prefiere no dar declaraciones, pero da a entender que se siente perseguido.
Veinte segundos
El informático Jorge Cubillos recibió el llamado de la asistente Aracelly Valenzuela para subir a las oficinas de la Dirección Sociocultural de la Presidencia. Al llegar allí, la secretaria le presentó a Sebastián Dávalos, quien había anunciado su renuncia algunas horas antes. Cubillos lo conocía, pues anteriormente le había reparado una impresora. “En su oficina él me señala su computador, a lo cual le consulto cuál es su solicitud, indicándome que necesitaba borrar la información. Luego, le consulto si necesita un respaldo, a lo cual él señala que no”, declaró el funcionario tiempo después.
El computador era un Acer All in one (Todo en uno) Z3 de color negro, pantalla touch, con un procesador Intel Core I3, memoria RAM de 4GB, y un disco duro de 500 GB. Cubillos utilizó una aplicación de Windows para la tarea, específicamente el comando diskpart, opción clean. La operación no duró más de 20 segundos. El informático volvió a encender el equipo para demostrarle a Dávalos que ya no había sistema operativo. El último apagado del computador quedó registrado a las 17.44 horas del 13 de febrero.
“No es habitual hacer este tipo de procesos, sin embargo, creo que para recuperar la información es necesario reinstalar el sistema operativo y aplicar un software de recuperación”, explicó Cubillos.
Tres días después, el jefe subrogante del Departamento de Tecnologías y Servicios de la Información y las Comunicaciones de La Moneda, Julio Bravo, ordenó guardar el PC. “Dados los antecedentes que circulaban en la prensa, decidí que el computador debía ser guardado en el datacenter o sala de servidores, ya que tiene acceso restringido mediante tarjetas de proximidad”, señaló Bravo en la investigación. Según su testimonio, el equipo no fue tocado hasta el 6 de marzo, cuando fue solicitado por Carabineros.
Aunque en principio las autoridades tuvieron problemas para encontrar el contenido del computador de Dávalos, lograron desenterrar 198.195 archivos que no habían sido eliminados completamente. Los 4.631 correos también permanecían en el servidor. Tras revisar la información disponible, no se encontraron datos de demasiada utilidad para la investigación. De las 39 palabras claves buscadas, sólo se encontraron 17, muchas de ellas usadas en un sentido distinto al pesquisado. Por ejemplo, en busca del nombre del abogado socio del síndico Chadwick, Andrés Orchard, se encontró la frase “Old Orchard Beach”, un balneario en Maine, Estados Unidos. Muchos de los otros nombres y palabras que sí se encontraron correspondían a la lectura de noticias.
Entre los correos electrónicos tampoco se encontró nada importante relacionado con Caval, más allá de un listado de transferencias entre Dávalos y los dos socios de la empresa, su esposa y Mauricio Valero. Otros depósitos, que databan de 2008-2009, iban dirigidos a su madre, la Presidenta Bachelet, al lado de la leyenda “arriendo”.
Pese a no poseer información sensible sobre Caval, el hijo de la Presidenta declararía en diciembre que pidió borrar todo el contenido de su computador por miedo a que fuera utilizada por el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo para perjudicarlo. “El dejó que el tema se descontrolora”, acusó el ex director sociocultural. El emplazado aún no responde.
“Aló, radioescuchas”
El Juzgado de Garantía de Rancagua le otorgó a la Fiscalía un permiso para interceptar las llamadas telefónicas de Mauricio Valero por un plazo de 60 días a partir del 23 de marzo de 2015. Las conversaciones del relacionador público con sus abogados, con Juan Díaz, Patricio Cordero y principalmente con su socia, Natalia Compagnon, dan cuenta de las reacciones de los imputados a semanas del estallido del caso y mientras se desarrollaba el juicio laboral contra Sergio Bustos.
En las primeras conversaciones se comenta el papel de la arquitecta Cynthia Ross en el negocio, que algunos días antes había sido publicado por Ciper. También se aborda cómo sigue la recopilación de antecedentes por parte de los abogados. En sus diálogos, Valero manifiesta estar consciente de una posible intervención de su celular, porque este suena mal, no consigue enviar mensajes y se demoran 15 segundos en darle salida a una llamada.
-Acuérdate, acuérdate que estoy en este teléfono que está malo -le advierte a uno de sus abogados cuando este comienza a dar muchos detalles sobre unos correos.
El 4 de abril, a las 11.08 de la mañana, Valero llama a Compagnon, quien está notoriamente resfriada.
-Tenis una voz horrible -dice él.
-Sí, pero en realidad se escucha peor de lo que se siente -responde ella.
Conversan telefónicamente sobre el traspaso de algunas de sus propiedades inscritas dentro de Caval a sus sociedades individuales. Luego, Valero comenta que recibió una extraña llamada de César, el cuidador del fundo en Machalí, quien le pregunta por las llaves de la casa patronal del predio. Cree que se trata de un “cazabobos”.
-Entonces me dice que la llave la debiera tener Juan Díaz o Jorge Silva (N. de la R.: el gestor inmobiliario y el ex director de obras de la municipalidad, ambos formalizados), a lo cual yo le dije altiro “yo no sé de lo que me estás hablando. Esas llaves las debe tener el síndico”. Y como no hemos entregado todavía el terreno, ni siquiera tenemos eso -dice Valero.
-Igual raro -contesta Compagnon.
-Raro por decir lo menos.
-Pero si ha estado ahí todo este tiempo.
-Y sabe perfecto todo lo que pasa en el campo. Yo creo que estas llamadas son típicas para después decir “oye, si este señor Jorge Silva que está cuestionado era amigo y conocido de este”.
-Estamos con radioescuchas.
-¡Alo, radioescuchas! No hay nada que esconder.
La inquietud de Valero recién se hace evidente tres días después, en una conversación del 7 de abril, a las 13.51 horas.
-Hoy día estuve revisando y no te explico lo que tengo en el computador. Casi me caigo de espaldas.
-¿En serio?
-Sí, Nata.
-Puta, Valero hueón.
-Estoy súper preocupado.
Nuevos antecedentes siguieron apareciendo en la prensa. Esta vez se trató de la filtración de datos contables, lo que sorprendió a Valero y Compagnon, pues sus abogados todavía no habían terminado de recopilar toda la información.
-¿Quién chucha tiene las claves de Impuestos Internos, Valero? Yo no las tengo. ¿Las tienes tú o las tiene Carry?
-Déjame averiguar altiro.
Las conversaciones seleccionadas por el OS-9 como “importantes para la investigación” terminan el 27 de abril de 2015. Aunque no todas fueron integradas al informe, las transcripciones en bruto están en poder de la Fiscalía de O’Higgins, que las almacena en montones de archivadores y cajas apiladas en la sala de reuniones del fiscal Toledo.
El tráfico telefónico al que nunca se accedió es el de las llamadas de los teléfonos de Michelle Bachelet y Andrónico Luksic entre septiembre y diciembre de 2013. El 28 de julio pasado, Entel respondió a un oficio del OS-9 explicando que para rescatar ese registro tan antiguo se debe recurrir a cintas magnéticas almacenadas en una empresa externa, para luego ser recuperadas. La solicitud debía ser acompañada, además, por una autorización del tribunal competente.
Aunque esta era una de las grandes preguntas iniciales, la investigación apunta hoy a tipos penales mucho más habituales que el “tráfico de influencia” o la “revelación de secretos” con las que el expediente fue levantado. Sin perjuicio de lo que la Fiscalía pueda descubrir en el año que tiene para investigar, tras la formalización del viernes el caso Caval se enriela en la vía de causas como Penta, SQM o Corpesca, con sobornos, cohechos y delitos tributarios, todos ilícitos que ni siquiera se vislumbraban cuando todo empezó, hace un año, en Machalí.
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