El ministerio del Interior ingresó una querella contra el ex guerrillero que cumplió más de 20 años de cárcel en Perú. Lo acusan de emitir "expresiones que incitan a la subversión del orden público".
El Comercio.
SANTIAGO.- A tres años y cuatro meses de su regreso a Chile, el nombre de Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi vuelve a estar en la opinión pública, y en la mira del Gobierno.
El ex integrante del MIR y vinculado con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue objeto de una querella de parte del Ministerio del Interior al amparo de la Ley de Seguridad del Estado por el delito que sanciona a aquellos que "hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas, económicas o sociales".
De acuerdo a la acción, presentada por el abogado Eduardo Riquelme y que ya fue declarada admisible por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, el también llamado "Torito" habría cometido dicho ilícito el 16 de enero, en San Antonio N° 434, comuna de Santiago, en el marco del lanzamiento del libro"Chem Ka Rakiduam, pensamiento y acción de la CAM".
"Don Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi formuló, ante un grupo de personas, diversas expresiones que incitan a la subversión del orden público. Habló de la guerra de guerrilla, de desgaste y sabotaje, y planteó la posibilidad de establecer un poder militar superior que enfrente a las Fuerzas del Estado chileno con el fin de hacer colapsar “la columna vertebral de la Defensa del Estado”, en sus propias palabras, pues representan un impedimento para alcanzar sus ideales políticos", dice la querella.
Pero la historia de Castillo, hoy de 61 años, cuenta con varios hechos más, entre ellos el haber sido condenado a más de una veintena de años de cárcel por terrorismo en Perú.
23 años de prisión
Castillo Petruzzi se convirtió en militante del MIR a comienzos de la década de los '70, y ya en 1973, con el Golpe de Estado, viajó a Francia, donde cursó estudios y habría tomado contacto con activistas que tiempo después estarían involucrados en la creación del MRTA.
Años después, luego de haber pasado por El Salvador y Nicaragua, el ex mirista se instaló en Perú, llegando a formar parte del comité central del MRTA, según informaron medios peruanos.
Castillo, detalló El Comercio, fue "uno de los encargados de los secuestros que realizaba la organización terrorista", siendo capturado en 1993 en el marco de la "Operación Alacrán", y luego del rescate del empresario Raúl Hiraoka Torres.
"Que nos digan terroristas es un insulto. Es la antítesis de lo que somos y hemos querido ser. El terrorismo existe cuando se inmiscuye a la población civil contra su voluntad y se le causa daño. Tanto el MIR como el MRTA no tenían como política incluir a la población civil en sus políticas de resistencia. Hemos sido educados en el respeto de las leyes de la guerra"
Jaime Castillo a La Tercera.
"Los secuestros eran parte de las tareas de aprovisionamiento de la organización (…). Nosotros les llamábamos retenciones. Nunca te olvides de una reflexión de Bertolt Brecht: 'Robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo'. Hubo dos veces en que compañeros a cargo de esas tareas no supieron controlar la situación y provocaron la muerte de los retenidos. No recuerdo los nombres -David Ballón y Pedro Miyasato-. Fueron asesinados. Fueron crímenes. Fue mal manejo. Nunca fue la idea de la organización que un retenido muriera", señaló Castillo a La Tercera hace unos años.
En un principio, el otrora guerrillero fue condenado, junto a otros tres chilenos, a cadena perpetua por terrorismo.
En mayo de 1994, Castillo y el resto de los chilenos fuero trasladados al penal de Yanamayo, en la ciudad de Puno, a cuatro mil metros sobre el nivel del mar. La situación implicó denuncias de parte de diversos organismos ante la Comisión Interamericana de DD.HH., y que esta llevara, por su parte, el caso a la Corte Interamericana de San José.
En 1999, esta última invalidó el juicio previo por faltar a garantías esenciales y atentar contra el debido proceso, y dos años después tribunales ordinarios dejó la condena de Castillo en 23 años, los que se cumplieron el 14 de octubre de 2016.
Ese mismo día el ex mirista fue expulsado de Perú. A las 14:00 dejó el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, y a las 17:00 tomó un avión con rumbo a Santiago.
"La expulsión determina la prohibición de retorno al país", aseguró el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Carlos Vásquez, mientras que la entonces ministra de Justicia Marisol Pérez aseguró esperar "que se suba al avión, se vaya a su país y no regrese nunca más".
Ya en el Aeropuerto de Santiago debió responder un extenso cuestionario por casi dos horas, y luego ingresó al país.
A su regreso, La Tercera le consultó si consideraba al MRTA una organización terrorista. Y más preciso aún; si se consideraba él un terrorista. Castillo contestó: "Que nos digan terroristas es un insulto. Es la antítesis de lo que somos y hemos querido ser. El terrorismo existe cuando se inmiscuye a la población civil contra su voluntad y se le causa daño. Tanto el MIR como el MRTA no tenían como política incluir a la población civil en sus políticas de resistencia. Hemos sido educados en el respeto de las leyes de la guerra".
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